En 1975 las tendencias heredadas del periodo anterior, se pueden resumir en las siguientes:
- Crecimiento importante de la productividad del trabajo y de los salarios reales, tendencia al aumento de la desocupación, predominio de la contratación fija (los contratos temporales se concentraban en ramos como pesca, agricultura, hostelería y construcción)
- Estabilidad en el trabajo (debida a la fuerte reducción del sector primario, la consolidación de categorías profesionales, el marco legal vigente y el potencial del movimiento obrero y sindical).
- Tendencia al estrechamiento del abanico salarial en base a la proliferación de subidas lineales de salarios, la integración de pluses y primas en el salario base, los mayores aumentos a las categorías más bajas, la subida del salario mínimo interprofesional e incluso las reivindicaciones obreras sobre el pago del IRPF y la Seguridad Social de los trabajadores a cargo de los empresarios, cual cosa permitía la Ley General de Seguridad Social de 1974.
La lucha obrera desde mediados de 60 llegó a cotas muy elevadas después de la muerte de Franco. La media anual de jornadas de huelga fue de 250.000 entre 1964 y 1969, de 850.000 entre 1970 y 1972, de 1.550.000 entre 1973 y 1975 y de 13.200.000 entre 1976 y 1978.
El Decreto Ley 5/1975 sobre Conflictos Colectivos de Trabajo, aunque de forma restrictiva, reconocía el derecho a la huelga. Pero sobre todo, la Ley 17/76 de 8 de abril de Relaciones Laborales, que reconocía por vez primera la preferencia de los contratos indefinidos y el carácter excepcional de los contratos eventuales bajo la supremacía del principio de estabilidad en la ocupación. En su artículo 35 esta Ley establecía el derecho en la readmisión obligatoria del trabajador el despido del cual fuera declarado improcedente o nulo. Es decir, se eliminaba el despido libre.
Hasta 1977 la práctica sindical se proponía la defensa de las condiciones laborales. Cualquier otro contenido, como las peticiones de libertad y democracia, realimentaban la fuerza de esta defensa.
Después de la promulgación de la Ley 19/1977 de 1 de abril (BOE del 4) se regula el Derecho de Asociación Sindical que permite la legalización de los sindicatos obreros y patronales. Se celebran las primeras elecciones generales el 15 de junio de 1977, y el gobierno de UCD, inicia inmediatamente un proceso de negociaciones que culmina el 21 de octubre de este mismo año con la firma de los Pactos de la Moncloa, la vigencia de la cual seria para el año 1978.
PACTOS DE LA MONCLOA
Aunque no fueron firmados directamente por las siglas sindicales, estos los apoyaron decididamente, mediante el voto afirmativo de sus dirigentes en el Parlamento. (Los diputados Marcelino Camacho y Nicolás Redondo)
Criterios previos aprobados el día 9 de Octubre de 1977: “Un primer aspecto en el cual se ha conseguido una base de entendimiento ha estado en el diagnóstico de la situación económica del país, calificada como grave a causa de la confluencia de varias crisis. La coincidencia en este diagnóstico tiene que servir, según el parecer de los reunidos, de base para adoptar las medidas que, dentro del marco de una economía de mercado, resultan imprescindibles para sanear y retomar la actividad económica y que puedan permitir su superación y consiguiente relanzamiento.
Ha estado motivo de especial consenso la necesidad que los costes derivados de la superación de la crisis sean soportados equitativamente por los diferentes grupos sociales, así como la exigencia de democratización efectiva del sistema político y económico que esto tendrá que comportar para su aceptación por el conjunto de la sociedad.
Todos los partidos políticos presentes en la reunión coinciden con el gobierno en la necesidad de una serie de medidas monetarias, financieras y de ocupación, predominantemente a corto plazo, que permitan restablecer en un periodo de dos años los equilibrios fundamentales de la economía española, aminorando la inflación, reduciendo el paro y mejorando la situación de la balanza de pagos.”
A partir de los pactos de la Moncloa la actividad sindical vincula la defensa de los trabajadores, con la defensa de la reactivación económica. Las actuaciones sindicales posteriores estuvieron subordinadas a dichos pactos.
LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
A partir de 1977 se inició un proceso de centralización de la negociación colectiva que empieza con los Pactos de la Moncloa, pero las bases sindicalizadas y no sindicalizadas opusieron una tenaz resistencia a lo acatado por las centrales sindicales y los partidos de izquierda mayoritarios (PCE y PSOE). Se vislumbraba una divergencia entre lo que dichas cúpulas políticas y sindicales acataban con la promesa de suculentas subvenciones, y una parte importante del proletariado que se había forjado en las luchas reivindicativas durante los últimos años de la dictadura.
¿Qué hacer?
Si perdían influencia los sindicatos mayoritarios era un problema para la acumulación de capital y también para socialistas y comunistas que tenían la mirada puesta en les futuras elecciones parlamentarias para poder disfrutar de los beneficios que otorga disponer del gobierno o ser aliado de él.
LOS SALARIOS
Entre 1979 y 1983 el excedente sucio de explotación de la industria respecto al valor añadido bruto aumentó el 12,7%, mientras que la masa salarial respecto a este valor añadido bruto, disminuyó en un 8,9%. En este mismo periodo las tasas de variación de los costes laborales unitarios en términos reales (descontando el deflactor del PIB industrial) pasaron del +4,8% en 1979 a -3,9% en 1983
El excedente neto de explotación (término utilizado por la contabilidad nacional para referirse a las rentas de propiedad y de la empresa) pasó del 36% del total de la renta en 1976 al 42% en 1984. Mientras que la remuneración del total de los asalariados pasó del 64% en 1976 al 58% en 1984.
La Federación del Metal de Catalunya de CC.OO. editó un documento con un excelente análisis de las consecuencias de los Pactos de la Moncloa con el título de “Crisis capitalista, productividad y condiciones de trabajo”. Documento que fue denostado por la cúpula de Comisiones Obreras de Catalunya y que intentó prohibir su difusión ya que ponía en entredicho el discurso sobre la benevolencia de los Pactos de la Moncloa y se acercaba al sentir de los trabajadores que veían como empeoraban las condiciones de venta de su fuerza de trabajo.
He ahí dos de los esquemas de dichas consecuencias:
Así está firmado en los citados Pactos: “Por lo que respecta a la política de rentas, el Programa obedecerá a los siguientes criterios: Crecimiento de la masa salarial bruta en cada empresa, pública o privada incluidas las cargas fiscales y de Seguridad Social que procedan, hasta un 20 por 100 durante 1978… Para garantizar el cumplimiento de esta norma, se retirarán las ayudas crediticias y fiscales de toda índole a las empresas que no la respeten. Por otra parte, se autorizará, en su caso, la reducción de la plantilla hasta en un 5 por 100 de sus efectivos en aquellas empresas en que se superen los niveles salariales antes indicados y siempre que ello sea consecuencia de las demandas sindicales“
Entre 1976 y 1986 el número de parados se multiplica por más de cuatro pasando de 686.000 personas a 2.960.000. Las causas de este crecimiento desproporcionado son de diversa índole. Por un lado la tasa de actividad de la mujer pasa del 29,2% en 1970 a un 34% en 1985, el aumento de la población activa fue de 269.000 personas anuales de media entre 1978 y 1984, y la vuelta de emigrantes supuso que en el censo de 1981 se registraron 321.252 habitantes de 16 a 65 años que en el anterior censo de 1970 residían en el extranjero.
Sin embargo, más allá de estos factores demográficos, la verdadera causa del crecimiento del paro fue la política de destrucción masiva de ocupación, las medidas legislativas que permitieron e impulsaron esta política y el aumento de la competitividad como condicionante de la economía y por extensión, de las relaciones sociales. La sustitución de ocupación fija por ocupación precaria y sumergida y la generalización de la eventualidad, constituyen un elemento de primer orden para “disciplinar” el trabajo.
La confederación patronal CEOE y la UGT firmaron un acuerdo llamado Acuerdo Básico Interconfederal (ABI) con el cual se inicia una dinámica de negociación entre ambas organizaciones. A pesar de no contener cláusulas de aumento salarial, el ABI fue la piedra angular sobre la cual descansan los sucesivos acuerdos generales así como la configuración del futuro marco de relaciones laborales. Las líneas principales fueron: la necesidad de reducir el número de convenios, el principio de autonomía de las partes como inspirador de las relaciones laborales y los requisitos de legitimidad para negociar.
Poco antes de entrar en vigor el Acuerdo, Ferrer Salat, Presidente de la CEOE, hizo unas indiscretas declaraciones a la prensa: (5Días. 18.12.79.) “Si no firmamos el acuerdo, nos cargamos a la UGT y perderíamos un posible aliado en el bando sindical. UGT no resistirá la lucha, convenio a convenio, porque tiene menos organización y virulencia que CCOO.”
A pesar de estas maniobras, lógicas por parte del capital, en el seno de Comisiones Obreras imperaba una mayoría cada vez más menguada por presiones del Partido Comunista de España, hacia los que no acataban o no defendían las “bonanzas” derivadas de los Pactos de la Moncloa. No había salida.
La salida se encontró por un acuerdo entre bambalinas, a la callada, en la que confluyeron los intereses de la gran patronal, del estamento militar y la monarquía con participación directa o tácita de las organizaciones de “Izquierda” políticas y sindicales. Fue la apoteosis del 23-F con una puesta en escena con la “ocupación” del Congreso de los Diputados.
Resultado de este amago fue la implementación del Plan ZEN (Zona Especial Norte), de la Ley de Armonización del Proceso Autonómico y particularmente la firma del ignominioso ANE (Acuerdo Nacional de Empleo), que significó la deriva definitiva del sindicalismo mayoritario hacia el Pacto Social Permanente a cambio de las prerrogativas para firmar los acuerdos sobre negociación colectiva y una financiación onerosa a cargo de los Presupuestos del Estado, que pagamos entre todos.
Como escribe Agustín Morán. En Auge y Crisis de los acuerdos sociales de los 80: “Los pactos sociales parten del aumento del beneficio empresarial como motor de la creación de ocupación y mejora social, detrás de la denominación de economía nacional ocultan el conflicto entre beneficios y salarios, crean ilusiones sobre la salida para la desocupación y la desigualdad de la mujer, plantean el consenso como la esencia de la democracia obviando la violencia que este consenso encubre, frena las movilizaciones, desanima a los sectores combativos, genera el apoliticismo y el individualismo, produce sectarismo y represión hacia las minorías radicales y confunden los intereses de las burocracias sindicales con los de la clase obrera” .
El Pacto Social acepta la lógica económica como principio constitutivo de la sociedad y por tanto, acepta que esta lógica determine las condiciones de trabajo y los derechos sociales. Despolitiza la acción sindical, o el que es el mismo, sitúa el orden económico fuera de la discusión democrática. Una vez aceptado el anterior, es muy difícil oponerse al despliegue de la racionalidad mercantil (globalización económica, competitividad, Europa de Maastricht, etc.). Por extensión también es muy difícil oponerse a las consecuencias de este despliegue (paro, precariedad, pobreza, etc.).
La táctica de los sindicatos, refugiándose en los sectores estables que constituyen su base de apoyo tradicional (grandes empresas), produce como consecuencia, un aumento de la diferencia entre estos sectores y los que ven fijadas sus condiciones laborales de manera arbitraria por los empresarios sin más criterio que la oferta y la demanda. Y reproducen una aristocracia obrera, peligrosa, ya que asegura el mantenimiento de la estructura productiva a pesar de las constantes agresiones del capital hacia la mayoría del proletariado.
LAS LLAMADAS HUELGAS GENERALES
Tan solo una huelga general, mayoritariamente seguida fue la convocada “a priori” por la COS (Coordinadora de organizaciones sindicales) el 12 de Noviembre de 1976 en exigencia de Amnistía, libertades políticas y sindicales.
El resto de las llamadas huelgas generales han sido convocadas para limpiar la conciencia de los mismos que han provocado los desaguisados. Todas ellas se han convocado “a posteriori” de las agresiones del capital. Han sido huelgas simbólicas de protesta cuando ya sabían los convocantes que no se daría marcha atrás pues habían colaborado en la elaboración de las distintas leyes contrarias a los trabajadores. Para poner ejemplos de huelgas de “protesta a posteriori” podemos citar las de 2 horas el 23 de Febrero de 1981, día de la ocupación del Congreso de los Diputados. La de 20 de Junio de 1985 en protesta por la reforma de las pensiones, que habían firmado ya en el texto de los Pactos de la Moncloa. La de 14 de Diciembre de 1988 en protesta por la reforma laboral, que tenía sus antecedentes en los distintos pactos sociales firmados con la patronal. Y las siguientes, han ido por el mismo camino, del mismo modo que el sindicato vertical franquista, cuando intuía una efervescencia por motivos laborales organizaba concentraciones de cargos sindicales y discursos radicales para calmar los ánimos.
SOBRE EL TEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Hay que ser hipócrita para esconder el papel jugado por los sindicatos mayoritarios y los partidos de izquierda mayoritarios tras la muerte de Franco (PCE y PSOE) cuando éstos negociaron, defendieron y acataron la paulatina destrucción del sistema de Seguridad Social y así lo plasmaron en el texto de los citados Pactos de la Moncloa: “Reducción de los costes de trabajo para las empresas mediante un menor crecimiento de las cuotas de la Seguridad Social y progresivo control social de las prestaciones con participación de los representantes de los trabajadores, de los empresarios y de las distintas fuerzas sociales…“El control y vigilancia de la gestión de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social se efectuará desde el nivel local al estatal por órganos en los que figuren, por partes iguales, representantes de los trabajadores, de los empresarios y de la Administración Pública. La participación de los trabajadores en dichos órganos se instrumentará fundamentalmente a través de los distintos sindicatos y en función de los resultados obtenidos en las elecciones sindicales”
Se firmó el compromiso de reducir las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social y de “colaborar” a modo de policías, sobre el control de las prestaciones (por desempleo, por incapacidad laboral transitoria, etc.). A cambio unas generosas retribuciones a los representantes sindicales en todos los órganos de gestión de la Seguridad Social. Y haciendo suyo el documento que ya en 1974, el Instituto de Estudios Fiscales, publicaba un estudio llamado “Armonización de la seguridad social en la C.E.E.”, en el cual en las páginas 150-151, afirmaba lo siguiente: “… La armonización de la Seguridad Social en el planoeconómicoresponde a losintereses de todaslasfuerzas de la produccióny a losintereses de losGobiernos de los Estados Miembros… Si no se halla equilibrada entre losdiferentesEstados la carga que la producciónsoporta, en razón de la seguridad social, provoca una distorsión en loscostos de producción… Interesa a todoslosgobiernos, mediante la armonización de la seguridad social, que la librecirculación de capitalesy de manode obra en elmarco de los países de la Comunidad no resulte influenciada yfalseada.”
La Seguridad Social, al ser un componente de las relaciones de producción, ha sufrido alteraciones tanto en cantidad, como en calidad, en función del auge o retroceso del movimiento obrero. Ya en 1985 con el Gobierno del PSOE, se planteó una primera reforma de gran profundidad que asumía casi literalmente las propuestas del Banco Mundial. En 1987, se consolidó la reforma aumentando el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión y abriendo la puerta a los fondos y planes privados de pensiones. Es también a partir de estos años cuando empiezan a divulgarse todo tipo de análisis y opiniones catastrofistas encaminadas a crear un clima de opinión convencido de la inviabilidad del sistema español de Seguridad Social y, en consecuencia, favorable a las reformas.
He aquí el título de este escrito de “Mirando hacia atrás con ira”, sobre todo cuando hemos podido comprobar en la práctica, los que todavía tenemos memoria, que los en teoría “grandes defensores” del proletariado, se han pasado con armas y bagajes a comer en la mesa del patrón, como diría cantando Atahualpa Yupanqui en sus Preguntitas sobre Dios.
Para finalizar, unas reflexiones de I. Wallerstein: “En Europa y Norteamérica tendremos estructuras sociales en las que la “clase obrera” estará compuesta desproporcionadamente por trabajadores no blancos, probablemente fuera de las estructuras sindicales y con grandes posibilidades de no disponer de derechos políticos y sociales básicos.
Al mismo tiempo, los hijos y nietos de los actuales miembros de los trabajadores sindicados formarán la “clase media”, tal vez sindicalizados, algunos muy situados, otros no tanto (por lo tanto más inclinados a comprometerse con los movimientos de extrema derecha).
Habremos vuelto a la situación anterior a 1848, en la que, en los focos tradicionales del Estado Liberal, los obreros estarán mal pagados y fuera del ámbito de los derechos políticos y sociales. Los trabajadores de occidente volverán a ser “clases peligrosas”, pero el color de su piel habrá cambiado y la lucha de clases será una lucha racial en la que las nuevas “clases medias” herederas de la antigua clase obrera, se aliarán con el poder hegemónico”. (Immanuel Wallerstein. “La disminución de los Estados. La disminución de los derechos”. Respuesta a Charles Til.ly, en International Labor and working-class history. Nº 47, pág. 24-27. 1995)
Si aprendemos las lecciones del pasado tal vez podamos ayudar a pensar a los proletarios del futuro.
Josep Cónsola
Enero 2026
