POBREZA, DELINCUENCIA, MARGINACIÓN Y CONTROL SOCIAL

CUI PRODEST (¿Quién se beneficia?)

Según Zygmunt Bauman no es lo mismo ser pobre en una sociedad que empuja a cada adulto al trabajo productivo, que serlo en una sociedad que -gracias a la enorme riqueza acumulada en siglos de trabajo- puede producir lo necesario sin la participación de una amplia y creciente porción de sus miembros.

Una cosa es ser pobre en una sociedad con trabajo para todos; otra, totalmente diferente, es serlo en una sociedad de consumidores cuyos proyectos de vida se construyen sobre las opciones de consumo y no sobre el trabajo. Si en otra época “ser  pobre”, significaba estar sin trabajo, hoy alude fundamentalmente a la condición de consumidor expulsado del mercado.

El hecho es que quienes quedan fuera del juego del mercado -los consumidores frustrados-, cuyos recursos no alcanzan a satisfacer sus deseos, quedan marginados y a merced de las instituciones caritativas, públicas o privadas.

En Abril del 2012, Juan Manuel Olarieta publicó unas extensas consideraciones cuyo título era “La función social de la marginación”, en ellas decía: “Las dos vertientes del capitalismo (la explotación y la beneficencia, el liberalismo y el reformismo) se abrazan siempre en este punto: el mercado margina y los servicios sociales integran; la cárcel descompone y la asistencia social recompone; la policía destruye y la caridad reconstruye… La actuación de los servicios sociales multiplica y refuerza la marginación porque auxilian a algunos en detrimento de otros, la situación de los cuales resulta todavía más comprometida”.

Podemos comprobar que estas afirmaciones no solamente están al orden del día, sino que aumentan considerablemente.

Los programas de asistencia para reinserción en nuevos trabajos (wellare-to·work), inaugurados en los Estados Unidos han sido copiados por todos los países de nuestro entorno europeo, constatando que se trata de un disfraz que enmascara una dura realidad: No hay trabajo ni ingresos derivados del mismo para una masa cada vez más creciente de personas, y los “talleres ocupacionales”, como los definía Robert Kurz: “Hoy en día el Estado no repara en gastos para que miles de personas simulen el trabajo desaparecido en peregrinos «talleres de entrenamiento» y «empresas ocupacionales», a fin de mantenerse en forma para «puestos de trabajo» que no van a conseguir nunca. Cada vez se inventan medidas nuevas y más estúpidas solamente para hacer ver que la calandria social, que gira vacía, puede seguir funcionando eternamente… Lo que interesa es únicamente la posibilidad de vender óptimamente la fuerza de trabajo. No se persigue la determinación común del sentido y fin del propio quehacer.

…Cuando ya no se puede vender la fuerza de trabajo, hasta las necesidades elementales vienen a ser lujos que hay que reducir al mínimo. Y es justo para eso para lo que va a servir de vehículo el programa del dinero de subsistencia, a saber, como instrumento de la reducción estatal de costes y como versión pobre de la transferencia social, que viene a ocupar el lugar de los seguros sociales en colapso (pensiones, etc.). Es en este sentido en el que el padre del neoliberalismo, Milton Friedman, ideó la noción de renta básica, antes de que una izquierda desarmada la descubriese como supuesta tabla de salvación”.

En otras épocas, la apología del trabajo como el más elevado de los deberes coincidía con las necesidades de la industria, que buscaba el aumento de la mano de obra para incrementar su producción. La industria de hoy,  reducida, robotizada y con mayores capitales considera que el aumento de la mano de obra limita la productividad y disminuye los beneficios, aunque esto no es totalmente cierto, puesto que disminuye la extracción de plusvalía generada por el trabajo humano, el cual no precisa de inversión en capital constante.

De este modo nace la denominada “subclase” (underclass) formada por las personas excluidas del trabajo y paralelamente del mercado, que sobreviven de las subvenciones o de los trabajos en la economía sumergida.

Ken Auletta en un libro que apareció en 1982 con el nombre de The underclass, define a la “subclase” en el siguiente sentido: “Aquella población que vive una pobreza pasiva que se caracteriza por ser receptora de la asistencia social”.

Se la define por su violencia, (solamente tenemos que repasar las estadísticas de la denominada violencia doméstica) que con morbosidad difunden los medios y algunas asociaciones subvencionadas, en las cuales no aparece nunca la violencia ejercida por las clases “altas”, cuyos crímenes quedan opacados a través de jugosas indemnizaciones y acuerdos judiciales.  Se define también por la pequeña delincuencia callejera de la que quedan excluidos los grandes estafadores y delincuentes de “cuello blanco”. Se suman a ellos los drogadictos de poca monta, no los grandes consumidores de cocaína pura. Asimismo incluyen a los “desertores escolares” aglutinados en el sistema educativo público estigmatizados porqué ni estudian ni trabajan. Y en definitiva aquellas personas que para salir de la pobreza material forman parte del ejército de la economía sumergida (underground)”.

La subclase o “infraclase” se trata de población no dotada de capacidades y habilidades que la “objetiva” y “científica” nueva estructura industrial y tecnológica exige hoy en día, que podemos comprobarla en el catecismo del Foro Económico Mundial denominado “Industria 4.0” o Cuarta Revolución Industrial.

Clase o subclase, constituida tanto por personas autóctonas como por inmigrantes indocumentados, que tienen su futuro en el sistema penitenciario, al cual dedican enormes cantidades presupuestarias como puede deducirse del panorama carcelario de Catalunya según estadísticas del 2024:

La Generalitat ha cifrado en 152,5 euros al día el coste que supuso cada interno en las prisiones catalanas durante 2024, lo que equivale a unos 4.639 euros mensuales por persona.

Esto para una población reclusa en Catalunya en el 2024 de un total de 8.594 presos con la siguiente distribución:

De estas:

(https://www.idescat.cat/indicadors/?id=aec&n=15859&lang=es)

39.867.566 de euros mensuales destinado a los presos = 478.410.792 anuales, costo correspondiente en un 37,6% a emigrantes entre Magreb y América Latina.

Están exentos de estancia en la cárcel (y si entran es solo para hacer una foto para los medios de comunicación y salen a los pocos días) los altos directivos, empresarios, diputados y senadores, miembros del clero, etc., que dedican una mínima parte de lo robado a pagar las minutas de despachos de abogados que tienen en su nómina a ex magistrados de tribunales superiores de Justicia, que conocen todos los vericuetos legales para eternizar los pleitos, y en caso que no diera resultado, siempre queda la opción de sobornar testigos y algún que otro miembro de la magistratura.

Asimismo, para mantener un reservorio humano para un futuro incierto, o un “no futuro”, la Generalidad de Cataluña ha revelado que se destinaron 115.550.000 euros a la atención de menores migrantes no acompañados (menas) sólo en el año 2024. Esta cantidad supone un gasto medio de 4.045 euros al mes por cada joven tutelado, una cifra que supera ampliamente la destinada a otros colectivos realmente vulnerables. El coste diario estimado por cada mena asciende a 134,86 euros, muy por encima de lo que reciben otros grupos en situación de riesgo social. En comparación, el gasto en una plaza de residencia para ancianos o personas dependientes se sitúa en 1.999 euros al mes, lo que refleja una brecha significativa en la distribución de los recursos públicos.

9.629.166 de euros mensuales los menas = 115.550.000 anuales

De estas enormes cantidades podemos preguntar

¿CUI PRODEST?  (Quién se beneficia?)

No se benefician las personas trabajadoras ancianas con sordera severa, con problemas dentales y visuales, para ellas no hay presupuesto en la seguridad social para pagarles ni audífonos, ni dentaduras postizas ni gafas. Y los futuros perceptores de pensiones, tras haber creado la riqueza existente, cada año que pasa ven menguado el porcentaje de su pensión respecto al salario devengado.

Entonces ¿Quiénes son los beneficiarios?

La lista es larga. Podemos empezar por las mafias legales e ilegales que traen miles de inmigrantes con el beneplácito de la patronal, tanto industrial como agrícola o de servicios para disponer de carne suficiente como para amedrentar ante cualquier reivindicación de mejora de las condiciones de trabajo. Seguidamente las mafias, toleradas muchas de ellas, dedicadas a la delincuencia, prostitución y tráfico de drogas, para crear una sensación de inseguridad que haga posible la aceptación de cualquier legislación punitiva y de control social. Cientos de funcionarios que cierran los ojos a cambio de suculentas “mordidas”. Miles de asistentes sociales, educadores, psicólogos, abogados, ong,s, fundaciones, iglesias… Y de forma más velada la industria sanitaria privada con sus clínicas, servicios odontológicos, ópticos y geriátricos.

Pero el mayor beneficiado es el sistema político corrupto que no está encarcelado, sino resollando en mullidos escaños parlamentarios y consejos de administración.

LA CORRUPCIÓN

En la actualidad, muchos hechos de corrupción que son denunciados siguen un esquema básico común. Las denuncias escandalosas son olvidadas por la llegada de nuevos escándalos, con lo que la corrupción se complementa con una rampante impunidad. Los hechos denunciados parecen condenados a la desmemoria, perdidos en los eternos entramados legales y con frecuencia desembocan en una leve sentencia legal contra las personas implicadas, las cuales no restituyen los dineros robados, puestos a buen recaudo en paraísos fiscales por testaferros, ejemplo de ello lo tenemos en Catalunya con el “Clan Pujol-Ferrusola”.

Mientras los partidos políticos se pelean en un “Tu corrupto y tu más corrupto” como si se tratara de una carrera de velocidad para determinar quién va más rápido en el expolio de las arcas del estado. Y lo que es más grave, una mayoría de la población vota por esos mismos partidos y gobernantes corruptos en cada contienda electoral.

El uruguayo Eduardo Gudynas, integrante del Centro Latinoamericano de Ecología Social reflexionando sobre los procesos políticos en América Latina, que podemos trasponer exactamente a España, llega a la conclusión que “Parece ser que está en marcha un proceso por el cual se toleran mayores niveles de corrupción. Los agrupamientos de izquierda parecen aceptar o convivir con una corrupción media a elevada, tanto dentro de sus estructuras y gestión de gobierno, como extendida en el resto de la sociedad. Por otro lado, los electores no castigan esos niveles de corrupción en las elecciones, y por el contrario parecen tolerarlo. […] debemos reconocer que todos esos casos parecen no tener un efecto sustancial en la adhesión electoral.”

El economista sueco Gunnar Myrdal, trató el tema de la corrupción en los siguientes términos;  “Deslumbrada y confundida, la gente observa que en las empresas recientemente privatizadas, y de este modo “liberadas” -empresas que se recuerdan como instituciones públicas austeras, donde siempre faltaba el dinero, los actuales directivos cobran sueldos millonarios, mientras que quienes fueron despedidos  de funciones directivas son indemnizados, también con sumas millonarias, por su trabajo chapucero y descuidado. De todos lados, por todos los medios, llega recio y claro el mensaje: ya no hay principios, salvo el de quedarse con la mayor cantidad. Ya no hay reglas, salvo el nuevo imperativo categórico: Juega bien tus propias cartas”.

Una de las posibles respuestas estriba en una voluntad de normalización de la corrupción y la delincuencia para las clases populares, que tras el ejemplo de sus señorías, vean “normal” las pequeñas corruptelas y pequeños delitos, tal vez pensando que para ellos el trato de la justicia será el mismo que el otorgado a las élites sociales.

Craso error, esta pequeña delincuencia es la justificación de una falsa seguridad ciudadana, cuya represión recae veladamente hacia personas y colectivos cuyo delito es poner en tela de juicio la totalidad del sistema capitalista.

La Ley no impartirá justicia hasta que la justicia se convierta en Ley. En nuestras manos está realizarlo.

Josep Cónsola

Enero 2026